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Amparo 509-2004 - Derechos de Audiencia y Defensa La Ley de Impuesto sobre la Renta no contenía un procedimiento reglado, que permitiera a los contribuyentes defenderse realmente, antes de emitirse la resolución que determinaba el pago del impuesto e imponía multas, pero el Subdirector General de Impuestos Internos debió llenar el vacío legal interpretando la ley tributaria conforme a la Constitución, y de hecho completar el procedimiento ya establecido, dándole a la parte actora la oportunidad de defenderse realmente, haciéndole de su conocimiento el dictámen o informe fiscal, a fin de que pudiera refutarlo con las pruebas pertinentes, para luego proceder a pronunciar la resolución con base en el dictamen final, o sea, después que el contribuyente lo hubiera aceptado, o controvertido con las pruebas pertinentes.

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Amparo 35-2004 - La pretensión de amparo no debe basarse en asuntos de "mera legalidad" Interpretando los artículos 13 y 31 ordinal 3° de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el contenido de la pretensión constitucional de amparo no puede reducirse a una simple inconformidad en contra de una decisión administrativa o jurisdiccional, uno de los vicios insuperables de una pretensión de amparo es el que se refiere a la falta de competencia en razón de la materia por tratarse de un reclamo que no trasciende al ámbito constitucional, es decir, lo que la jurisprudencia de esta Sala ha llamado un asunto de "mera legalidad", por lo tanto la pretensión del presente Amparo se traduce en una simple inconformidad contra la resolución de la Subdirección General de Impuestos Internos y no en una violación real de algún derecho Constitucional.

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Amparo 648-2003 - Principio Constitucional de Igualdad Cuando exista semejanza de sujetos y circunstancias objetivas, deberá adoptarse el mismo criterio en ambos casos. Si la Administración Tributaria adopta un nuevo criterio respecto del expresado anteriormente, debe razonar la justificación para modificarlo, es decir, manifestar las razones objetivas que la han llevado a actuar de forma distinta y a desechar el criterio sostenido hasta entonces, debido a la importancia de derechos y principios constitucionales que pueden verse afectados. El principio de igualdad no prohíbe cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten arbitrarias por no estar fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables.

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